Comentario a la importante Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 2019

Si hay una cuestión sobre la que nuestros Tribunales siguen pronunciándose esa es, por desgracia, el acoso en el trabajo en sus distintas manifestaciones: moral, sexual, por razón de sexo, y acoso discriminatorio. En relación con el acoso moral, la ausencia de una regulación específica, ha hecho que la doctrina jurisprudencial haya ido determinando sus elementos configuradores. Precisamente, el Tribunal Constitucional, en un reciente pronunciamiento que analizamos a continuación, ha dado un importante y decisivo paso en la definición del derecho fundamental a la integridad moral en su proyección sobre las relaciones laborales en un caso de acoso laboral en la función publica, pero perfectamente trasladable a cualquier relación de trabajo.

Se trata de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 2019 que resuelve el asunto Jaime Nicolás, funcionario del cuerpo de Administradores Civiles del Estado, quién tras un periodo en situación de servicios especiales, regresa a su puesto de trabajo reservado. La Administración Pública crea un puesto de vocal para que Jaime Nicolás pudiera ocuparlo. Pese a ello, entre los meses de marzo de 2012 (reincorporación al servicio activo) y julio de 2013 (interposición de la denuncia de acoso laboral),

El demandante de amparo no recibe información sobre las atribuciones de su puesto ni encargo de tarea alguna, más allá de una simple gestión informativa, sin ninguna trascendencia. Tampoco se lo convoca a reuniones de trabajo,

siendo el único funcionario de los destinados en la Gerencia en esta situación; los demás funcionarios desarrollan tareas específicas y despachan individualmente con el secretario general. Tras los infructuosos intentos de solucionar el problema: primero por la vía de la queja directa al superior jerárquico del trabajador y después mediante la activación del Protocolo de acoso, que terminó con un informe declarando la ausencia de violencia psicológica y justificando la situación por la dificultad de asignar un puesto y funciones después de unas elecciones generales. El Sr. Nicolás decidió recurrir a los Tribunales donde no obtuvo soluciones favorables a sus intereses, finalmente acudió en amparo al Tribunal Constitucional con el objetivo de que se declarase vulnerado su derecho fundamental a la integridad moral (CE).

El Tribunal Constitucional decidió conocer de este asunto por su especial trascendencia constitucional. De conformidad con su propia doctrina anterior se ha pronunciado estableciendo, y ésta es la novedad, unos elementos o factores a tener en cuenta para delimitar la existencia de vulneración del derecho a la integridad moral en las posibles situaciones de acoso laboral (Test del Acoso Laboral):

1. La intencionalidad: si la conducta enjuiciada es deliberada o está adecuadamente conectada con el resultado lesivo.

2. El menoscabo: si la conducta ha causado un padecimiento físico, psíquico o moral o al menos, encerraba la potencialidad de causar ese padecimiento.

3. La vejación: si la conducta responde al fin de humillar o si era objetivamente idónea para producir ese resultado. Sin el elemento de la vejación no habrá trato degradante, lo que no significa que no se vulnere el derecho a la integridad moral. Solo puede descartarse la vejación como tal, cuando la conducta se justifica por una cobertura legal (legalidad), responde a un fin constitucionalmente legítimo (adecuación), constituye la alternativa menos restrictiva (necesidad), y produce más beneficios sobre otros bienes y valores que perjuicios en el derecho a la integridad moral (proporcionalidad).

El Tribunal Constitucional aprecia que en este asunto concurren todos estos elementos (intencionalidad, menoscabo y vejación) y, además la situación se alarga en el tiempo, no es un hecho puntual o aislado, por lo que concluye que este funcionario ha sufrido un trato que merece la calificación de degradante.

Se trata, sin lugar a dudas, de una sentencia compleja por la dificultad que entraña la construcción e interpretación del derecho fundamental a la integridad moral en su aplicación a los supuestos de acoso moral o laboral, pero que habrá que tener muy en cuenta en las valoraciones que a partir de ahora deberemos hacer cuando nos encontremos ante este tipo de situaciones.